CRISIS ECONÓMICA y II: ¿OPORTUNIDAD PERDIDA?

8 07 2013

 

Agustín Bassols Borrell

Licenciado ADE por la Universidad de Barcelona

MBA FT ESADE

 

 

Las últimas semanas estamos asistiendo al retorno a nuestras vidas de la prima de riesgo, la Troika, etc…, y se vuelve a hablar de los mercados financieros y de los deberes que hemos de hacer como país, pero qué son y qué quieren los “mercados financieros”  y qué podemos hacer para plantarles cara.

Los mercados financieros, serían las personas o instituciones que canalizan miles y miles de millones de euros o dólares de un lugar a otro en el mundo buscando rentabilidad, y estarían representados principalmente por fondos varios (pensiones, inversión, soberanos, etc…), grandes bancos, algunos mega multimillonarios y otras instituciones. Su única preocupación es cobrar sus intereses  y recuperar los préstamos realizados y por lo tanto, les trae sin cuidado el desempleo, la reforma laboral, las pensiones o cualquier otro derecho o magnitud económica, siempre y cuando no perjudique su objetivo.

Este planteamiento, es absolutamente lícito en el sentido de que uno, cuando hace un préstamo, tiene todo el derecho a pedir que se le devuelva junto con los intereses del mismo. El problema viene cuando se llega al punto en el que está España desde hace unos años y que es el de no poder pagar. En este punto queda claro que el deudor ha gestionado mal su economía (en este caso el país), pero también es evidente que el acreedor ha cometido un error como es el de conceder un préstamo a alguien que, por la razón que fuera, ha llegado a una situación de insolvencia. Por lo tanto, lo lógico en un caso así sería un reparto de responsabilidades en el que el país y sus ciudadanos deben hacer unos sacrificios para reestructurar y hacer viable su economía y los acreedores, en el menor de los casos, deberían asumir unas pérdidas derivadas de una reestructuración de la deuda por haber errado en la concesión de crédito.

La sensación reinante en el país hoy en día es que solo están pagando los errores cometidos una parte de los ciudadanos del país. Es decir, solo están pagando los ciudadanos de a pie mientras que los políticos y sus entornos no han asumido ninguna responsabilidad, los bancos están siendo salvados, las instituciones del estado siguen sin ser reformadas y los acreedores están imponiendo sus condiciones en connivencia con nuestros políticos y banqueros pensando básicamente en sus intereses a corto plazo, pero sin que nuestros políticos elegidos en las urnas lleven a cabo el contrapeso que les correspondería en defensa de nuestros intereses.

Y de ahí la situación que estamos viviendo con recortes de pensiones, educación, sanidad, laborales, y muchos otros, así como con subidas de impuestos, IVA, IRPF y tasas varias que lo único que están consiguiendo es hundir cada día un poco más la economía española. Eso sí, pagando religiosamente principal e intereses de la deuda.

El problema que tenemos es que cada día que pasa, estamos perdiendo capacidad negociadora. Si hace un par de años, debíamos mucho dinero como país a bancos extranjeros (principalmente alemanes y franceses), fondos de inversión varios, etc…, implica que hace dos años, estos fondos y bancos tenían una gran preocupación por la situación de España así como un gran interés en que se recondujese la situación. Durante estos años, todos los bancos y fondos que han querido han podido ir reduciendo su exposición a la deuda soberana española, dado que se han ido poniendo parches a las diferentes situaciones complicadas que han ido apareciendo (elecciones en Italia, tramos de rescate y elecciones en Grecia, crisis de Chipre, entre otras) pero sin dar una solución definitiva al problema.

Como simple observador de a pie de la situación, veo que particulares y empresas tenían y tienen muchas deudas con los bancos españoles, que a su vez estaban y están muy endeudados con los bancos alemanes, austríacos, fondos varios y otros. Cuando las  empresas españolas y los españoles en general empiezan a tener problemas para devolver sus créditos por bajadas de ventas, despidos, etc…, les pedimos a los bancos que refinancien nuestras deudas e hipotecas y estos a su vez, al no tener ahorros en la caja, necesitan pedir refinanciación a sus acreedores, es decir, los mercados financieros externos.

Por otro lado, al estar en recesión, los ingresos del estado bajan y aparece un déficit considerable, así que también pide refinanciar su deuda y como los bancos y ciudadanos españoles ya están muy endeudados, no le queda otro remedio que hacerlo también en los mercados exteriores, así que tenemos a los bancos y el estado español pidiendo financiación fuera y con una situación de desequilibrios financieros importantes.

En esta tesitura, los mercados financieros exteriores donde se había financiado la gran burbuja española históricamente, prácticamente se cerraron para España hace dos años, a no ser que se pagasen intereses desorbitados que hubieran provocado tarde o temprano, en caso de mantenerse muchos meses,  un impago del estado.

Ante este panorama, debió haberse llevado a cabo un buen plan de viabilidad a largo plazo negociando directamente con Alemania (ha quedado claro que es quien manda en Europa), el BCE, la CE y el FMI, y en ese momento (recién llegado al gobierno Rajoy), teníamos fuerza para hacerlo dado que España ponía en riesgo el euro, y los bancos alemanes y europeos tenían muchos préstamos concedidos en España, pero no se hizo eso sino que se optó nuevamente por un parche para ganar tiempo y el Sr Draghi, también recién llegado al BCE dijo aquello famoso de “haremos lo que sea necesario para preservar el euro” e inyectó miles de millones de euros de liquidez en el mercado a un tipo de interés del 1%, que fueron a parar en gran porcentaje a los bancos españoles e italianos. En teoría, estos debían financiar la economía, pero no lo hicieron. Dado que se les dio el dinero sin condiciones, lo que hicieron en el caso de España fue tapar algunos de sus agujeros, pagar a los acreedores extranjeros y con el resto invertir / financiar al estado al 5% o más, o incluso depositarlo en el propio BCE al 0% a la espera de lo que pudiera suceder o de futuros vencimientos a atender. De los particulares y las empresas productivas, de la economía real, no se acordó nadie.

Durante estos años, la deuda soberana española históricamente en manos exteriores ha pasado a estar, cada vez más, en manos de los bancos españoles a través del mecanismo explicado anteriormente de los préstamos del BCE (después nos extrañamos de que quieran mantener la ley de hipotecas, etc…) o incluso de organismos del propio estado (supongo que muchos saben que el famosos superávit o colchón de la seguridad social está hoy invertido en un 99% en deuda del estado).

Esta situación implica que los acreedores extranjeros cada día que pasa recuperan un porcentaje mayor de su inversión y por otro lado, tienen tiempo para ir provisionando una posible pérdida y esto redunda en que cada vez tenemos menor capacidad de negociación.  Así que cada vez podrán exigirnos más sacrificios sin que podamos oponernos, aunque muchos de ellos, tal y como se está demostrando, sean contraproducentes tanto a corto como a largo plazo para nuestra economía.

En resumen, ha llegado el momento de que el Gobierno Español, de manera discreta pero firme, exija buscar una solución definitiva que evite el constante chantaje de la prima de riesgo o las demandas, día sí día también, por parte de altos funcionarios europeos, de más recortes o reformas. Es posible que una solución sea la de la Unión Bancaria, o tal vez una posible mayor capacidad de acción del BCE independiente de los dictados del Bundesbank, pero lo que es irrenunciable es saber dónde vamos y qué se nos pide para ello de cara a poder evaluar si nos interesa o no y evitar que aparezcan nuevas exigencias a medida que pasa el tiempo.



CRISIS ECONÓMICA I: DIVISIÓN DE PODERES

1 07 2013

Agustín Bassols Borrell

Licenciado ADE por la Universidad de Barcelona

MBA FT ESADE

 

 

 

De todos es sabido que durante los 15 años anteriores a la crisis los gobiernos de Aznar y de Zapatero alimentaron las burbujas españolas inmobiliaria, financiera y de endeudamiento sin que ninguna de las instituciones que debía dar la voz de alarma, como el Banco de España, la CNMV, altos funcionarios del estado, etc…, lo hicieran pese a disponer de datos que evidenciaban la situación.

Es evidente que la connivencia de muchas direcciones de estas instituciones con los partidos políticos así como con otras como el CGPJ o el TC ha llevado a muchos ciudadanos a la conclusión de que nos encontramos en un estado donde realmente no existe una división de poderes. De ahí que, como consecuencia de la pésima gestión llevada a cabo tanto por gobiernos de derechas como de izquierdas, se haya desacreditado no solo la clase política sino, por extensión, la mayor parte de las instituciones del estado.

Además, durante los últimos años, con una crisis profunda azotando a los ciudadanos, hemos podido comprobar cómo unos y otros, no han hecho ni hacen propósito de enmienda y hemos asistido a actuaciones como la de fiscales ejerciendo de abogados defensores de determinadas personalidades, indultos de los diferentes gobiernos a personajes que podrían calificarse como de su “casta”, tactismos políticos de los diferentes partidos destinados a tapar casos de corrupción, políticas varias basadas en el “ … y tú más…”, demagogias por parte de partidos minoritarios, programas electorales de partidos mayoritarios con los que se han limpiado el trasero el día siguiente de ganar las elecciones.

Ninguno de los políticos significativos de los últimos años ha hecho un ejercicio real de autocrítica frente a los ciudadanos. Es más, en la mayoría de los casos se nos ha acusado a los propios ciudadanos de ser los responsables e incluso los irresponsables de habernos endeudado más de la cuenta, pero ninguno de ellos ha planteado una separación real de los poderes, ninguno de ellos ha planteado un modelo de listas abiertas por elección directa, ninguno de ellos ha planteado una reforma concreta del senado, ninguno de ellos ha hecho autocrítica por los abusos que se han cometido y aún se cometen (Preferentes, Ley hipotecaria, Cláusulas suelo, …).

Por el contrario vemos como nuestros políticos e instituciones (salvo honrosas excepciones personalizadas en muchos casos en jueces que van por libre) van llevando a cabo las instrucciones que les vienen marcadas desde la TROIKA (Comisión Europea, BCE y FMI), quienes a su vez son una simple herramienta de los llamados “mercados financieros”.

Toda esta situación está poniendo de manifiesto que vivimos en un estado que aún mantiene un elevado nivel de falta de democracia por lo que aprovechando que ahora se está hablando por motivos varios de la conveniencia de reformar la Constitución, no deberíamos perder la ocasión de, además de señalar y denunciar todo aquello que no funciona, formular propuestas a ser incluidas en la Carta Magna de cara a mejorar. Me permito aportar dos que considero que seguramente ponen de acuerdo a una inmensa mayoría de ciudadanos y que por otro lado, dada la reciente historia, parecen fundamentales:

-        Establecer una verdadera separación de poderes ejecutivo, legislativo y judicial, impidiendo las nominaciones a dedo por parte de políticos de los dirigentes de instituciones varias del estado, tanto reguladoras como judiciales, así como la prohibición de relaciones laborales futuras de políticos relacionados con actividades reguladas y empresas de esos sectores.

-        Elección directa por parte de los ciudadanos de nuestros representantes sin estar obligados a pasar por las listas de los partidos. Esto permitiría el acceso a la política de gente relevante de todos los ámbitos, con competencias demostradas y que no se han dedicado al servilismo y a “lamer culos” (disculpen la expresión) de los cabezas de lista de partido para salir en la foto. La idea es que los políticos sirvan a la gente y no a sus partidos como ocurre hoy en día.



Dr VALDERAS: Racionalización del gasto sanitario: cómo hacer de la necesidad virtud

6 02 2012

Jose M Valderas

Director del Grupo de Investigación en Servicios y Políticas de Salud en el Departamento de Atención Primaria de la Universidad de Oxford. 

 

Se dice que la palabra crisis se escribe en chino con dos caracteres, que corresponde por separado uno a “peligro” y el otro a “oportunidad”. En este comentario se revisa cómo poder transformar las actuales               críticas circunstancias económicas del sistema sanitario en una oportunidad para su mejora y modernización.

A nadie se le escapa que en las actuales circunstancias económicas, se impone una severa racionalización del gasto sanitario. Esto es siempre necesario en el contexto de un sistema nacional de salud, pero la vertiginosa reducción en la capacidad de gasto de las administraciones públicas lo hace un problema acuciante. La mejor prueba de que esto es así, la proporcionan los propios profesionales de la salud que han ido encajando sucesivos recortes en sus condiciones laborales con un relativo estoicismo, si bien últimamente muchos se preguntan con razón si no estarán soportando  más de lo razonable.

El problema se agrava si tenemos en cuenta que existen dos poderosas fuerzas que conducen de forma natural a un progresivo aumento de los costes sanitarios. El primero es la aparición de alternativas diagnósticas y terapéuticas novedosas, con un importante coste añadido. El segundo tiene que ver con el progresivo envejecimiento de la población, lo que lleva aparejado un aumento de la prevalencia de enfermedades crónicas, que requerirán tratamiento prolongado en el tiempo, y la extensión a una proporción creciente de la población de intervenciones como la cirugía de prótesis de cadera o de cataratas.

El problema es por tanto particularmente agudo y las preguntas pertinentes son dos: si es posible (y deseable) acometer esa tarea  y, caso de ser posible, qué fórmulas existen para esa racionalización.

La primera no es una pregunta retórica.  Un sistema de salud es intrínsecamente complejo. El Sistema Nacional de Salud británico, por ejemplo, es el cuarto mayor empleador del mundo. La naturaleza de semejantes estructuras resulta en la imposibilidad de aplicar soluciones simples y efectivas. Los cambios orientados a alterar el estado de las cosas  con frecuencia modifican elementos y relaciones que no estaba previsto modificar y que pueden a su vez generar cambios imprevistos. Sin llegar a hablar de un “efecto mariposa”, sí es cierto que los efectos no son todo lo predecibles que sería deseable.  Todo ello no niega la posibilidad de acometer tareas de reforma y de ajuste, simplemente apunta a que los resultados no son necesariamente los anticipados.

Pero existe un incentivo adicional para acometer las reformas en contextos como el actual. Dada la impopularidad de cualquier medida que no vaya en el sentido de aumentar el catálogo de servicios y la autonomía de los profesionales (circunstancias que usualmente van de la mano, aunque a poco que se piense seriamente no está claro que tenga que ser así), es en contextos como el actual, en el que las reformas sanitarias pueden contar con mayor apoyo popular. Y este es uno de los principales motores de las decisiones políticas. Piénsese por ejemplo en la creación del Sistema Nacional de Salud británico, que ocurrió al acabar la segunda mundial.

En relación a cómo acometer la racionalización del gasto, conviene atender tanto a la oferta y la demanda de servicios (qué cosas hay qué hacer), como a su efectividad (sus resultados) y su coste, respetando el principio de equidad: a cada uno en función de su necesidad. En esta tarea de ajuste del sistema a las posibilidades de financiación conviene identificar y proteger aquellos servicios  que redundan en mayores beneficios al menor coste.

Los instrumentos para alcanzarlo no son nuevos. La abrumadora evidencia a favor de la Atención Primaria como elemento clave del sistema hace que su promoción equivalga en este sentido a empezar la casa por los cimientos en detrimento de alternativas ciertamente más espectaculares pero de dudoso éxito. No sería acertado deducir que los otros elementos del sistema sean secundarios, pero lo que es innegable, es que requieren de una Atención Primaria del máximo nivel para dar a su vez lo mejor de sí mismos.

La aplicación juiciosa de la medicina basada en la evidencia proporciona en numerosas circunstancias argumentos de peso para escoger el tratamiento más seguro y efectivo, evitando hacer lo que no aporta beneficio alguno o incluso puede resultar perjudicial. En relación con los anteriores, sigue siendo válido que tiende a ser mejor prevenir que curar, pero incluyendo también como prevención la cuaternaria, esto es la evitación de la sobreexposición de los pacientes a las intervenciones sanitarias. Los medicamentos y las técnicas y procedimientos diagnósticos y terapéuticos obtienen rendimientos óptimos cuando se aplican a poblaciones convenientemente seleccionadas. Precisamente por ello,  su generalización (tanto a pacientes menos enfermos que los estudiados, como a pacientes mucho más complejos que los incluidos en los ensayos clínicos) suele generalizar sus efectos nocivos, pero no los positivos.

Conviene también alinear los incentivos de los profesionales con los del sistema en que operan y con los de los pacientes.  Es todo esto muchísimo más fácil de decir que de hacer. Se han estudiado diversas fórmulas dirigidos a muy diversos grupos: incentivos económicos dirigidos sobre todo a profesionales, pero también a pacientes, hostigamiento de conductas que resultan en elevados costes sanitarios (tabaco, seguridad vial), incentivos orientados a la reputación de proveedores de servicios, etc. Aunque ninguno de ellos está libre de efectos adversos o inesperados, es importante expandir la investigación en estas áreas.

 

En resumen, la racionalización del gasto es ahora más necesaria que nunca, pero también ofrece oportunidades para eliminar la grasa del sistema. Si bien las alternativas no se limitan a los elementos esbozados en este comentario en razón espacio (véase por ejemplo la dudosa conveniencia de establecer el co-pago sanitario en los términos en los que se presenta actualmente en el debate público), existen pocas dudas que un adecuado énfasis en la Atención Primaria, la exigencia constante de confirmación empírica que avale las decisiones clínicas y organizativas y la alineación de los incentivos de quienes determinan la asignación de recursos del sistema son elementos que deben formar parte de los esfuerzos orientados a reconducir los costes del sistema de salud.